El Movimiento de Víctimas en Colombia, asegura que se han producido más de 75 masacres a lo largo de una década con una cifra que asciende a unas 4 mil víctimas desde la llegada de los paramilitares a San Onofre, donde gran cantidad de víctimas fueron enterradas en fosas comunes y otras siguen desplazadas sin poder retornar a su sitio de origen por falta de garantías.

Los campesinos de San Onofre, departamento Sucre, norte de Colombia, rompieron el silencio y denunciaron a los medios de comunicación las masacres cometidas por los paramilitares desde su incursión en ese territorio hace más de 10 años.

Varios pobladores rindieron sus testimonios sobre el asesinato y mutilación de algunos de sus compañeros y posterior entierro en fosas comunes, así como del incendio de fincas a manos de los paramilitares para desaparecer toda evidencia de los campos de concentración y entrenamiento que empleaban en esa zona.

“Aquí los enterraban, hacían un hueco pequeño, picoteaban a las personas y las enterraban por pedazos”, narró Jairo Aranda, campesino de la zona.

“Aquí se sacaron unos y en el campamento de abajo se sacaron cuatro cuerpos, y suponemos que debe haber más por eso es mejor que se busquen los cuerpos desaparecidos”, agregó.

Eder Torres, trabajador de la zona, dijo a las personas que “si se quedan callados los van a matar más fácil y les van a quitar la hacienda” y agregó que “esto sigue, vamos a decirle a la comunidad internacional realmente la crisis humanitaria que se vive en esta región”.

En tanto, familiares de uno de los líderes del Movimiento de Víctimas en Colombia, quien se presume perdió la vida a causa de los paramilitares, denunciaron que en el pueblo persiste la presencia de esos grupos ilegales en ese territorio y suponen la existencia de complicidad por parte de las autoridades.

Fuente: TeleSUR

Por otro lado, los activistas de Derechos Humanos (DDHH) colombianos rechazaron el lunes las denuncias del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, de ser voceros del terrorismo y exigen que sea investigada la fosa común más grande de Latinoamérica, hallada en la localidad de La Macarena (en el sureño departamento del Meta).

A ese respecto, la senadora colombiana Gloria Inés Ramírez, por el Polo Alternativo, aseguró que “al calificar de terroristas a las víctimas, a los defensores de Derechos Humanos y a los congresistas convocantes de la audiencia (el Gobierno) les estaría diciendo de forma clara y directa a las tropas oficiales bajo su mando que somos objetivo militar”.

Asimismo, añadió la urgencia de iniciar las investigaciones necesarias para explicar los restos mortales hallados en La Macarena. “No se escucha en el discurso presidencial una sola línea de condolencia para con las víctimas que denunciaron crímenes (…) consideramos de vital importancia que se integre una comisión internacional forense que vigile los procedimientos adelantados por las autoridades colombianas.”

Una delegación de Europa y EEUU, certificó el pasado viernes tras una audiencia pública en la localidad de La Macarena (suroriente) Colombia, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados.

Diferentes familiares de líderes asesinados exigen al Gobierno colombiano que ordene una comisión para que investigue los hechos que desde hace más de una década vienen ocurriendo en ese lugar y que han llenado de temor a las personas que callan ante la posibilidad de represalias por parte de los paramiliares.