REFORMA LABORAL EN EL ESTADO ESPAÑOL. EL GOBIERNO QUE SE AUTODEFINE COMO EL MÁS PROGRESISTA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, CONSOLIDA LOS ASPECTOS MÁS LESIVOS DE LAS REFORMAS DEL PSOE DEL 2010 Y DEL PP DE 2012

El pasado día 30 de diciembre del 2021 era publicado el  “Real Decreto-ley 32/2021, del 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo”, que modifica tanto el Estatuto de los Trabajadores (ET), como otras normas laborales y de seguridad social en el Estado Español. Un texto fruto del acuerdo entre el Gobierno de España, las patronales CEOE y CEPYME, y las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT.

La elección del día 28 es muy apropiada, pues semeja una “gran inocentada”, de esas de mal gusto, que molestan a quien la sufre, en este caso los trabajadores y trabajadoras. Las noticias previas ya invitaban a la desconfianza. La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasó de criticar a la anterior en su cargo, por no derogar las reformas laborales (1) y de anunciar a viva voz en el último congreso de CC.OO. que “vamos a derogar la reforma laboral, a pesar de todas las resistencias” (23-10-2021), a declarar que “técnicamente” no se podían derogar dichas reformas (3). No sabemos si su visita al Papa incluyó la confesión y este cambio su penitencia. Esto, las presiones de la Unión Europea, y el anuncio de que el Gobierno de España dedicaría más de 100 millones de Euros de los fondos de la U.E. a reformar las sedes sindicales de las organizaciones implicadas en el acuerdo (4), hacían presagiar que el precio a pagar por los “favores” podía ser muy alto. Claro que, con 49 locales sindicales embargados, este tipo de “ayuditas” vienen muy bien (5). Todas las partes beneficiadas. Las organizaciones sindicales que firmaron, saneando sus finanzas, consolidando su papel institucional a través del Diálogo Social y, de paso, marginando a otras organizaciones sindicales, incluso a las que, como la nuestra, tienen el reconocimiento legal de más representativas, según la LOLS ( Lei Orgánica de Libertad Sindical). El sindicalismo de clase y alternativo, y de forma muy particular el de Euzkadi y Galicia, mayoritarios en sus respectivos países, y el de Cataluña, en claro ascenso, es molesto para las tres partes. Para el gobierno y las patronales, porque no se pliegan a sus intereses, y para los dos sindicatos firmantes, porque le están restando representatividad y afiliación, al ganar mayor credibilidad entre la clase trabajadora.

El resultado: una reforma a la medida de las patronales que, dando cumplimiento a las directrices marcadas por la Comisión Europea, no modifica nada de lo sustancial de las reformas anteriores, introduciendo pequeños cambios en aquellos aspectos que las múltiples sentencias judiciales venían cuestionando. Es decir, la clase trabajadora no recupera ninguno de los derechos que las anteriores reformas le habían arrebatado. Así lo manifiestan las propias patronales (“Para CEOE y CEPYME, el acuerdo consolida el modelo laboral actual…) (6), la que fue Ministra de Trabajo del PP, Fátima Báñez (“Esta Reforma Laboral es una victoria de las políticas del PP”) (7), o la ultraderechista Fundación FAES, presidida por Aznar (“Ni es histórica, ni deroga la del 2012, la consolida”) (8), o el actual líder del PP, Pablo Casado, en la encrucijada de decidir su postura (“¿Porque solo deroguen un 10% de nuestra reforma laboral, tenemos que apoyarla?”) (9), en contra de su propia gente y descargando la responsabilidad del voto en el grupo fascista de VOX.

La impresionante campaña mediática para vender esta reforma y todas las mentiras vertidas estos últimos días, no son suficientes para tapar una realidad que el tiempo se encargará de demostrar como perjudicial para la clase trabajadora, y que ya ha tenido la inmediata contestación de opiniones autorizadas y de la práctica totalidad del sindicalismo alternativo existente en todo el Estado Español. 17 organizaciones sindicales firmamos un manifiesto de rechazo a esta reforma (10).

Pero, para quien tenga dudas, nada mejor que explicar estas críticas:

  • Lo primero que debemos denunciar es el incumplimiento de las promesas electorales del gobierno y de la propia Ministra de Trabajo, que se habían comprometido a derogar las anteriores y no lo han hecho. Tampoco las organizaciones sindicales firmantes.
  • No se toca la cuantía de las indemnizaciones por despido, que pasaron de 45 a 33 días en las anteriores. El despido sigue siendo barato para las empresas.
  • No se recuperan los Salarios de Tramitación, que cumplían un efecto disuasorio ante el despido, ya que, en caso de ser improcedente, se abonaba el salario desde el despido hasta la sentencia.
  • No se recupera la autorización administrativa para los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo), dejando en manos de las empresas estos procesos.
  • Se mantiene la prevalencia de los convenios de ámbito estatal sobre los de ámbito autonómico o provincial, aún a sabiendas de que estos últimos suelen mejorar las condiciones del personal. Es decir, si algún sindicato quiere negociar un convenio en su territorio que suponga mejoras, como es habitual en Galicia y Euzkadi y Cataluña, donde nuestra representación abre posibilidades a un marco de negociación propio, no se le permitirá, y se le dará la potestad de negociarlo solo a los sindicatos estatales.
  • Se recupera la prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa, pero solo en materia salarial. Un logro bien escaso, pues queda fuera todo lo referente a las condiciones de trabajo, horarios, permisos, etc.
  • Sí supone un cambio real la recuperación de la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos. Pero no es menos cierto que ya se venía respetando de facto, bien por la inclusión de cláusulas específicas en muchos de los convenios, bien por resoluciones judiciales al respecto.
  • Esta nueva norma sigue dando incentivos económicos a la externalización de actividades, sobre todo en empresas de multiservicios.
  • El principal argumento para justificar esta reforma de sus firmantes se centra en las modalidades de contratación y, según dicen, en la lucha contra la temporalidad (de un 25% en en Estado Español, por un 14% de media en la U.E.). Pero la transformación que se contempla de los contratos temporales en fijos-discontinuos y la convivencia entre las diferentes modalidades puede ser conflictiva, al no quedar clara la línea divisoria entre la contratación temporal “por causas previsibles” (?), con el límite de 90 días en el periodo de un año, y la contratación fija-discontinua. La lucha contra la temporalidad no está tanto en la norma, sino en la fiscalización de su cumplimiento por parte de las empresas. La reforma descartó adoptar medidas realmente disuasorias del abuso de la contratación temporal, como podría ser la consideración como despido nulo (y non improcedente) del remate de los contratos temporales fraudulentos. Esto implicaría la reincorporación al puesto de trabajo y el pago de salarios de trámite a la persona trabajadora que fue víctima de la contratación temporal ilegal.

El siguiente paso será el trámite parlamentario para que esta reforma sea definitiva. Y, también aquí, el gobierno “progre” da pocas expectativas de diálogo y posibilidades de mejora, pues lo va a tramitar como Decreto Ley, e impedir así la posibilidad de enmiendas. Las organizaciones políticas que vienen apoyando al gobierno en muchas de sus iniciativas, desde la investidura, hasta los presupuestos, sobre todo las soberanistas de Cataluña, Euzkadi y Galicia, ya han manifestado su desacuerdo con esta reforma. También la casi totalidad de las organizaciones sindicales de clase, que ya anunciamos movilizaciones contra la misma. Vamos a ver si los agentes del acuerdo se mantienen en defenderlo, aun con el posible apoyo de la derecha, o si están dispuestos a salirse de las directrices de la Comisión Europea y pensar, como sería de esperar en un gobierno de izquierdas y en las organizaciones sindicales, en los trabajadores y trabajadoras. Las patronales,…esas tienen motivos para estar satisfechas, y así lo manifiestan.

Xosé L. Rivera Jácome.

Responsable de Relaciones Internacionales de la Confederación Intersindical Galega (CIG)

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