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El Estado mexicano asumió el compromiso internacional de respetar, promover y garantizar la libertad sindical, hecho reiterado en los discursos el poder ejecutivo federal, pero contradictorio con la realidad, los denominados “parlamentos abiertos”, promovidos desde el poder legislativo al parecer solo se utilizan para legitimar iniciativas de ley formuladas por grupos de interés; aparentan abrir espacios de debate a diferentes posturas y propuestas; sin embargo, se advierte que este proceso fue cuidadosamente controlado desde la instrumentación e inscripción de participantes tornándose discrecional y opaco al estar predefinido por quienes promueven su espacio de “dialogo abierto”, con la presencia predominante del sector patronal y su promoción de la desregulación y deslaborización; por su parte, pareciera también que los representantes del gobierno federal procuran sistemáticamente sustraerse del ámbito laboral y limitarse al ámbito de la seguridad social y fiscal y, a esto hay que agregar la prácticamente nula presencia de representaciones sindicales.